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¿Conoces qué es el suplicatorio en el ordenamiento judicial español?
El suplicatorio es la solicitud formal que realiza la administración de justicia para obtener permiso y poder instruir diligencias contra miembros aforados de las Cortes Generales en España que podrían estar implicados en un delito. Pero ¿cómo funciona realmente este mecanismo en nuestro país? Vamos a desentrañar su aplicación.
Aforamiento
En España, los políticos con escaño en las Cortes Generales —Congreso de los Diputados y Senado— cuentan con una ventaja única frente al resto de los ciudadanos: el aforamiento. Esta prerrogativa les protege de ser investigados o procesados por un juez ordinario, trasladando cualquier caso penal directamente al Tribunal Supremo. El aforamiento, según sus defensores, busca evitar distracciones innecesarias que podrían interferir en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Además, les otorga inmunidad por las declaraciones realizadas en el hemiciclo.
Sin embargo, más allá de las razones técnicas, el suplicatorio se ha convertido en una herramienta de fuerte carga política, especialmente en el contexto actual. ¿Qué ocurre cuando uno de los implicados en un proceso judicial es un aforado? Así funciona el procedimiento del suplicatorio.
Diligencias judiciales
Todo comienza con la apertura de diligencias judiciales tras el conocimiento de un presunto delito. La policía judicial investiga, recopila pruebas y toma declaración a implicados y testigos. En ocasiones, la investigación se desemboca en un hallazgo incómodo: uno de los presuntos implicados tiene la condición de aforado, ya sea diputado, senador o incluso miembro del Consejo de Ministros.
Cuando esto ocurre, el juez instructor debe remitir las diligencias al Tribunal Supremo, que es el único órgano competente para investigar y, en su caso, procesar a un aforado. Según el artículo 102 de la Constitución Española:
- La responsabilidad penal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo, a su vez, solicita el suplicatorio a la cámara correspondiente, donde este inicia su tramitación. En el Congreso de los Diputados, la solicitud es trasladada por el presidente de la Cámara a la Comisión del Estatuto de los Diputados en un plazo de cinco días. Esta comisión estudia el caso, da audiencia al afectado y eleva una propuesta al Pleno en un máximo de 30 días. Finalmente, es el Pleno quien decide si concede o deniega el suplicatorio.
La ley que regula estos procedimientos especiales para diputados y senadores tiene más de un siglo de antigüedad. Vio la luz en 1912. Su artículo 7 establece:
Si el Senado o el Congreso denegase la autorización para procesar, se comunicará el acuerdo al Tribunal requirente, que dispondrá el sobreseimiento libre, respecto al Senador o Diputado. Si la autorización fuese concedida, continuará el procedimiento hasta que recaiga resolución o sentencia firme, aun cuando antes de dictarla fueren disueltas las Cortes a que perteneciere el Senador o Diputado objeto del suplicatorio.
En otras palabras, si la cámara niega el suplicatorio, el caso queda archivado de manera definitiva, blindando al aforado. Además, el principio jurídico «non bis in idem» impide reabrir el caso por los mismos hechos incluso si el afectado pierde su condición de aforado.
Gobierno presidido por Pedro Sánchez Pérez-Castejón
El Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón se sostiene gracias a una coalición parlamentaria heterogénea y, para algunos, altamente inestable: comunistas, separatistas y nacionalistas que, pese a sus diferencias, comparten objetivos que no siempre coinciden con la defensa del orden constitucional de 1978. . Esta alianza parlamentaria ha permitido a Sánchez blindarse frente a posibles complicaciones judiciales, aunque no hasta el momento de críticas.
¿Qué pasaría si el Congreso tuviera que decidir sobre un suplicatorio que afectaría directamente al presidente del Gobierno? La respuesta no es sencilla, pero el contexto ofrece pistas claras. Sin la mayoría que lo sustenta, Sánchez se enfrentaría no solo a un desafío político, sino también legal.
En el pasado, el presidente ha afirmado su voluntad de «colaborar con la justicia», aunque esa colaboración ha sido cuestionada. Por ejemplo, cuando fue llamado a declarar en calidad de esposo de Begoña Gómez, se acogió al derecho a no declarar. Si no hay nada que ocultar, ¿por qué no responde?.
Pactos con Alberto Núñez Feijóo
Además, las recientes renovaciones pactadas por Sánchez con Alberto Núñez Feijóo han puesto en el punto de mira a instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial, lo que alimenta la percepción de una justicia politizada. A esto se suma la implicación de la Fiscalía General del Estado en un presunto delito de revelación de secretos.
La posibilidad de que el Congreso de los Diputados deniegue una suplicatoria solicitada por el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez no es una hipótesis descabellada. Al contrario, parece un escenario plausible, dada la composición actual de la cámara y los intereses en juego.
¿El lector cree que este blindaje institucional puede ser utilizado como un escudo para proteger a los más poderosos? Si comparte esta impresión, no está solo en sus conclusiones.
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